La sentencia de tribunal de garantías considera que, el cálculo del impuesto es inconstitucional al entender que el sistema de cómputo objetivo no se corresponde con la realidad, afectando al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución española.
Este gravamen supone en la actualidad una fuente importante
de financiación de los consistorios de todo el país.
El Alto Tribunal responde así a una cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La sentencia considera que estos artículos son
inconstitucionales y nulos porque establece un método objetivo de determinación
de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el
valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de
que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.
La resolución no tendrá efectos retroactivos en su
aplicación.
Este fallo se convierte en el golpe definitivo para el
impuesto de plusvalía ya que en 2019 elConstitucional declaró inconstitucional
la plusvalía municipal cuando la cuota es superior al incremento patrimonial y
dos años antes, en 2017, el tribunal declaró inconstitucionales dos
artículos del real decreto -107.1, 107.2 a) y 110.4- en la medida que sometía a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor del inmueble.